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MONTEJURRA:
LA OPERACIÓN RECONQUISTA Y EL ACTA FUNDACIONAL
DE LAS TRAMAS ANTITERRORISTAS.
Fuente "INTERIOR" Por Santiago Belloch

Marín García-Verde "El hombre de la gabardina" esgrime arrogantemente su pistola después de asesinar impunemente a Ricardo García-Pellejero

9 de mayo de 1.976: 2 muertos y varios heridos

Revisé diversas fuentes documentales sobre los trágicos sucesos de Montejurra. De muchas de ellas se intuía la necesaria intervención de órganos de la Seguridad del Estado en la preparación y desarrollo de los acontecimientos.

Los hechos se produjeron en el entorno de la tradicional "romería" de los carlistas en Montejurra. La intervención programada de grupos parafascistas convirtió la romería en una masacre. Despertó mi interés por el caso Montejurra la presencia masiva de grupos ultras de todo tipo y procedencia, incluidos algunos de los más conocidos activistas de la Internacional Fascista. Me resultaba increíble que semejante concentración pública se hubiese podido producir sin el conocimiento de las Fuerzas de Seguridad y de los servicios de información de la Presidencia de Gobierno.

Conversaciones con personas que estuvieron ese día en Montejurra no hicieron más que confirmar mi criterio de que tras los hechos, aparentemente anárquicos, existía una planificación meditada y cara. Había implicada una excelente logística que incluía transportes, alimentación, alojamientos, armamento, medios técnicos de comunicación y sobre todo, coordinación, una coordinación de aire inconfundiblemente profesional.

La imagen del ultra argentino Rodolfo Almirón y de un señor muy serio que identifiqué con relativa dificultad como Arturo Márquez de Prado fueron los primeros detalles que quise investigar. El apellido Márquez de Prado estaba de moda en España. Una fiscal del mismo apellido triunfaba con tesis y actitudes propias de una cultura autoritaria. Establecí la conexión familiar entre ambos... Pero eso no me llevó a ningún sitio, excepto ala constatación de que u tercer miembro de la familia, Fernando Cota y Márquez de Prado, se situaba en los más altos niveles de la Justicia: en la Sala Segunda -de lo Penal- del Tribunal Supremo. No creo que esta circunstancia tuviese nada que ver con la predilección que mostró Mario Conde por ver al magistrado Cota instalado en la presidencia de la Sala.

Pude comprobar la posterior ocupación de Rodolfo Almirón -que aparece en varias fotos conocidas de los sucesos- como guardaespaldas de Manuel Fraga. Un error lo comete cualquiera. Pensé. No me gustó el hecho de que en el momento de los sucesos de Montejurra, Fraga fuese ministro de la Gobernación. Se le debe suponer un alto grado de información de lo que allí pasó y de sus protagonistas.

Pero fue otro el que capto mi atención: el de un mercenario que a lo largo de diez años (1974-1984) ocupó un puesto clave en los operativos del frente ilegal -conocido como "guerra sucia"- contra ETA: Jean Pierre Cherid. Bajo diferentes siglas, ATE, BVE, AAA, y GAL, dirigió y ejecutó atentados, a menudo mortales, contra terroristas y miembros del entorno radical.

Fue a finales de 1977 cuando conseguí el testimonio definitivo, el del entonces general de brigada y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Antonio Sáenz de Santamaría. Tras varias conversaciones -todas ellas grabadas- el general me explicó, después de consultar sus archivos, la verdadera historia de la conocida operación Reconquista. Esta es su versión, de la que me pasó una copia manuscrita, como protagonista directo de los hechos.


Versión corregida del texto facilitado por el general Sáenz de Santamaría.


ANTECEDENTES

El Partido Carlista había experimentado una significativa evolución hacia la Democracia en los últimos años del franquismo (Tras una larga lucha contra el elemento integrista infiltrado Don Carlos Hugo los había expulsado del partido -nota mía aclaratoria-) Cada año, la concentración carlista en Montejurra fue adquiriendo un carácter reivindicativo hasta llegar a convertirse en punto de encuentro de las fuerzas progresistas estatales. El acto se autorizaba como celebración religiosa legalizada.

Posteriormente a la muerte de Franco, la presión de elementos ultraderechistas apoyados por medios como El Alcázar, y dirigentes del Partido Carlista de la facción de don Sixto de Borbón, conocido por sus posiciones de carácter fascista y opuesto al pretendiente Carlos Hugo, consiguieron la colaboración de servicios de la Seguridad del Estado. Entre los hombres clave de esa decisión estaban José Arturo Márquez de Prado, Antonio María de Oriol y Urquijo, a la sazón presidente del Consejo de Estado (y conocido monárquico Juanista) y el general Campano, entonces director de la Guardia Civil.

Bajo la intención genérica de "reconquistar Montejurra" y arrebatarla a los que calificaban de rojos-marxistas, consiguieron que el Gobierno Arias-Fraga tomase en consideración la propuesta de organizar la operación tendente a dicha "reconquista". La operación recibió el nombre clave de "operación Reconquista".
Para ello se establecieron contactos entre organismos como el SECED (Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno y antecedente del actual CESID), la Guardia Civil y dirigentes del Partido Carlista ya citados (Los integristas). El CESED, que fue fundado por Carrero Blanco, estaba dirigido en aquel momento por el general Juan Valverde. Las reuniones fueron coordinadas por el propio Ministerio de la Gobernación, cuyo titular era Manuel Fraga.

ORGANIZACIÓN

Se adoptaron medidas tendentes a dar la impresión de que se trataba de una reconquista civil de los verdaderos Requetés, fieles a la tradición, que con su "fortaleza moral y política" -como diría después el diario ultra El Alcázar- habían rechazado a los traidores de la verdadera ideología carlista.

Para lograrlo, el Gobierno encargó al SECED la propaganda del acto, concentrando a simpatizantes en la zona de Montejurra -monasterio de Irache- a base de ofrecimientos económicos y de facilitar medios de transporte.

Asimismo se repartieron por el servicio citado -el SECED- gran cantidad de bastones y cachabas con objeto, decían, de facilitarles la subida al cerro. Estaba claro que eran para ser empleados en la agresión prevista.

La financiación de la operación corría a cargo del señor Oriol y Urquijo, quien depositó en diversas entidades bancarias de Santander, Vitoria, Logroño, Pamplona y Burgos, cantidades destinadas a sufragar los desplazamientos de los simpatizantes.

Por otra parte, organizaciones ultraderechistas como los Guerrilleros de Cristo Rey
-de Sánchez Covisa, Fuerza Nueva y otras, contactaron con miembros de la Internacional Fascista italiana, con la Triple A argentina y otras organizaciones similares. Esto posibilitó que acudiesen a Montejurra conocidos miembros del fascismo italiano como Stéfano della Chiave. Augusto Chanchi y el argentino Rodolfo Almirón, que más tarde sería escolta de Manuel Fraga. En Montejurra apareció por primera vez el mercenario Jean Pierre Cherid.

La Guardia Civil se encontraba en esas fechas bajo la dirección del teniente general Angel Campano y tenía como subdirector al general de división Salvador Bujanda. Ambos eran miembros del Partido Carlista y mantenían una estrecha relación de amistad con Arturo Márquez de Prado, principal dirigente de dicho partido. (Nota estos señores, conocidos franquistas y ultraderechistas, habían sido expulsados del Partido Carlista hacía ya varios años).

Eso hizo que el señor Márquez de Prado estuviese los días precedentes al acto de Montejurra en la Dirección General con frecuencia exagerada y participando incluso en reuniones del director general con su Estado Mayor y mandos implicados en la organización de los actos.

El señor Márquez de Prado solicitó para sus militantes, que iban a concentrarse en la cima del monte con anterioridad, que la Guardia Civil les dotase de radio teléfonos y les facilitara armamento pesado: ametralladoras.

El jefe del Estado Mayor de la dirección, a la sazón el entonces general de brigada José Antonio Sáenz de Santamaría, se opuso rotundamente a esas peticiones y logró que el director general Campano no accediera a las mismas, limitándose la ayuda al envío de un destacamento uniformado de la Comandancia Móvil de Madrid que se instaló, con anterioridad al domingo 9 de mayo, en la cumbre de Montejurra y en la falda del monte, en las proximidades del monasterio de Irache.

Estas fuerzas fueron las que, en definitiva, consiguieron restablecer la situación tras los enfrentamientos que tuvieron lugar el citado domingo 9 de mayo y a los que haremos referencia en los siguientes apartados. (Nota.- En la cima del monte fue asesinado Aniano Giménez Santos por disparos de una ametralladora pesada. Si allí se encontraba la Guardia Civil de la Unidad Móvil -que más tarde participaría en el Tejerazo- ¿Quién disparó? La Guardia Incivil protegió y amparo a los asesinos y en ningún momento intervino para proteger a las víctimas)

DESARROLLO DE LOS ACONTECIMIENTOS

Durante la noche del 8 al 9 de mayo los elementos reclutados por la ultraderecha se desplazaron a la cima del monte, donde se apostaron.

Cuando los Carlistas partidarios de Carlos Hugo estaban ya en la mañana del día 9, a punto de alcanzar la cima, se encontraron con el grupo de ultraderechistas partidarios de Sixto, el hermano de Carlos Hugo.

Estos componentes del bando de Sixto abrieron fuego sobre los que llegaban, produciéndose un tiroteo de armas cortas, pistolas. En el tiroteo resultaron dos muertos y varios heridos.

Uno de los muertos fue Ricardo García Pellejero, que fue alcanzado por un disparo efectuado por "el hombre de la gabardina", vestido con una larga gabardina, boina colorada y una pistola en la mano. Fue posteriormente identificado como Martín García Verde, comandante retirado del Ejército. Hubo además tres heridos graves y varios leves. Uno de los heridos graves, Aniano Giménez Santos, falleció cuatro días más tarde. (Nota.- Ricardo García Pellejero murió a la entrada del monasterio de Irache y no en la cima de Montejurra, los carlistas estaban desarmados y, por lo tanto incapaces de repeler la agresión)


REPERCUSIONES DE LOS HECHOS

Hubo tres detenidos y procesados:

-Martín García Verde fue detenido en Huelva por la Guardia Civil. Era comandante retirado.
-Arturo Márquez de Prado fue detenido e ingresado en la cárcel de Pamplona.
-Francisco Carreras fue detenido e ingresado en la cárcel de Pamplona.

El primero acusado de la muerte de Ricardo García Pellejero. Los otros dos fueron acusados como dirigentes de la acción violenta del día 9. El dirigente Sixto de Borbón fue expulsado de España por el Gobierno, sin permitirse que el juez le tomara declaración.

A los siete meses de su procesamiento, los tres se acogieron a la amnistía por considerarse los hechos como " delito político". La justicia, con carácter general, mostró muy poco interés en el esclarecimiento de los hechos.

CONCLUSIONES

a) Actitud de Fraga
El día en que sucedieron los hechos, Fraga no se encontraba en España, pues estaba de viaje oficial en el extranjero. Como se encargó repetidamente de expresar ante los periodistas, estaba encargado de los asuntos de su departamento el entonces ministro secretario general del Movimiento, don Adolfo Suárez.

El señor Fraga, no obstante, y de manera más bien tibia, asumió la responsabilidad, pero minimizando los hechos que calificó como "una triste pelea entre hermanos".
Ahora bien, en la preparación de la denominada operación Reconquista y en su disposición a apoyar a la ultraderecha en las movilizaciones previas, se mostró interesado.

b) Inicio de acciones antiterroristas
La conjunción de los distintos elementos que formaron la trama de esta operación es el primer paso de lo que durante la Transición constituyó el núcleo de las operaciones de la llamada "guerra sucia" contraterrorista.

Así, vemos que formaron parte de la operación:
-Militares descontentos de la reforma democrática del Régimen.
-Partidos ultraderechistas residuales: Fuerza Nueva, Partido Carlista Oficial.
-Activistas violentos de estos partidos: AAA, Batallón Vasco Español, Guerrilleros de Cristo Rey.
-Mercenarios reclutados de los partidos ultras extranjeros: PIDE portugués, Triple A argentina. Etc.
-Miembros aislados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, por su ideología, no encajaron la reforma del Régimen.

Todo este entramado operó de alguna forma apoyado, directa o indirectamente, por los aparatos del Estado en todas sus acciones de lucha antiterrorista durante los años setenta y ochenta, en lo que vino a llamarse Grupos Antiterroristas de Liberación y sin que hubiese solución de continuidad entre los mismos.

Hasta aquí el texto facilitado por el general Sáenz de Santamaría. El general participó, como jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, en las reuniones preparatorias de la operación. Es un testigo presencial, un protagonista directo. Su testimonio cierra el círculo lógico que se desprendía del análisis de los hechos conocidos.

A efectos prácticos, la operación Reconquista de Montejurra fue el ensayo general de la intervención de órganos de la Seguridad del Estado en actividades ilegales ligadas a la lucha antiterrorista.

Lo singular de esta operación radica en que se utilizaron técnicas de "guerra sucia" en una maniobra de claro corte involucionista. Pocas veces más se haría así. Meses después se iniciaban las primeras "conjuras de salón" -o de cafetería- entre oficiales y jefes militares descontentos y sectores ultras de la sociedad civil. Este sería el modelo golpista hasta finales de 1985, año en que se realizó la última intentona de golpe de Estado.

Lo revelador es la presencia de Jean Pierre Cherid y el "esquema operativo" que siguió, un verdadero anticipo de lo que sería el frente ilegal -la "guerra sucia"- contra ETA hasta la llegada de Antonio Ibáñez Freire al Ministerio del Interior y, sobre todo, a partir de él.

DE LA DECLARACIÓN DE SAENZ DE SANTAMARIA SE CONSTATA LA INTENCION DE "SALVAR SU CULO" DE LA QUEMA. TODOS LOS ULTRAS LOS QUE LLAMA CARLISTAS NO PERTENECIAN YA AL PARTIDO. FUE UNA CONJURA MUCHO MAS PROFUNDA. NO PODIAN CONSENTIR UN CARLISMO SOCIALISTA, AUTOGESTIONARIO, Y CRISTIANO, TRATARON NUEVAMENTE, DE INVOLUCRAR AL PUEBLO CARLISTA EN LOS INTERESES LIBERAL-CAPITALISTAS Y EN LA INVOLUCION. LA ULTRADERECHA NECESITABA DE NUESTRA GENTE PARA LA CONTINUIDAD DEL REGIMEN, ELLOS JAMAS HAN SIDO UN PARTIDO DE MASAS Y CREIAN PODER INVOLUCRARNOS EN UNA LUCHA QUE YA NO ERA NUESTRA. HABIAN DESAPARECIDO LOS CONDICIONANTES DE LA GUERRA CIVIL Y EL PELIGRO DE SOVIETIZACION DE ESPAÑA.

SI ALGUNO LO DESEA PUEDO FACILITARLE LA "COMUNICACIÓN PRESENTADA EN EL CONGRESO HISTORIA DE LA TRANSICION Y CONSOLIDACION DEMOCRATICA". MADRID, 30 DE NOVIEMBRE, 1 Y 2 DE DICIEMBRE DE 1995. REFERENTE AL CASO MONTEJURRA.


RICARDO GARCÍA PELLEJERO Y ANIANO JIMÉNEZ SANTOS RECONOCIDOS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO POR LA AUDIENCIA NACIONAL.

Diario de Noticias 30/11/2003

El 10 de mayo de 1976, un día después de los sucesos de Montejurra, se inició el proceso para que fueran reconocidos los asesinados (Ricardo García y Aniano Jiménez, que falleció el 13 de mayo) y heridos en la falda y la cima de la montaña cercana a la ciudad del Ega. La niebla que ocultaba todos los hechos aquel día comienza a despejarse con el reconocimiento de la Audiencia Nacional de que son víctimas del terrorismo. Un reconocimiento que llega con un retraso de 27 años.

Desde el 10 de mayo de 1976, un día después de los asesinatos del joven de Estella Ricardo García Pellejero y del obrero santanderino Aniano Jiménez Santos, un ramo de flores colocado en el lugar donde cayó el estellés cerca de la cumbre recuerda aquellos trágicos sucesos. Los 27 largos años de reclamaciones, manifestaciones y reivindicaciones carlistas han servido para generar dos grandes interrogantes, ¿porqué no se consideraron en su día delitos de terrorismo>, y ¿por qué el Estado no reconoce que participó cuando todas las pruebas así lo demuestran? La primera de las preguntas fue resuelta el pasado 5 de noviembre cuando la sentencia de la Audiencia Nacional puso fin a la larga marcha judicial que inició, junto con otros abogados, el secretario general del Partido Carlista en Navarra, José Angel Pérez Nievas, en 1976 con 46 años, y que ha concluido en solitario enfrentado al Ministerio de Interior al a edad de 72.

Mediante esta sentencia, que viene a contradecir lo que en dos ocasiones negó el Ministerio encabezado por Mayor Oreja, los familiares de los asesinados aquella fría mañana de mayo podrán percibir 23 millones de las antiguas pesetas (según marca la ley 32/1999) y serán reconocidos como víctimas del terrorismo, cuando desde 1977 no eran sino víctimas de unos desórdenes públicos, es decir, como una discusión de tráfico o una pelea en una bar un sábado. La Audiencia Nacional admite además que los miles de carlistas que el 9 de mayo acudieron como cada año a celebrar su fiesta anual de reivindicación política de libertades y contra la dictadura de Franco tuvieron en frente a una banda armada porque se trataba de una "unión de personas con una coincidencia de objetivos y con medios para su obtención, mediante la creación de una situación de conflicto y violencia que impedía el libre derecho de los ciudadanos a manifestarse'. Tan sencilla afirmación ha costado al Estado 10.035 días reconocerla, pese a que, como también recoge la sentencia, se continúa manteniendo que fue "un enfrentamiento entre los partidos de Sixto de Borbón y los seguidores de Hugo Carlos de Borbón, tratando unos y otros de obtener la primacía de los actos religiosos y programados conforme a ideologías divergentes aunque insertas en el Partido Carlista del que constituyen dos facciones distintas".

Quizás sea la forma más sencilla para ocultar lo que pasó ese 9 de mayo en que la intensa niebla y el chirimiri, permanentes durante todos los sucesos, sirvieron de cortina a quienes tuvieron responsabilidad directa. No en vano, el entonces Ministro de la Gobernación y hoy presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga Iribarne, tras volver de su viaje por Venezuela, afirmó:"Lo primero que tengo que decir; porque conviene que se sepa, es que yo estaba aquí mientras ocurrieron estos hechos y no me fui hasta que terminaron. Y que asumo la plena responsabilidad de lo que haya ocurrido, y lo digo con todas las las consecuencias".




(Ferran Lucas herido en la cabeza por los matones que provocaron la tragedia)


9 de mayo de 1976

En aquellos enfrentamientos que según la Audiencia fueron entre facciones de uno y otro bando se encontraron bastones de monte (makilas), de uno, contra pistolas, ametralladoras, porras, cadenas y piedras, del otro, mientras decenas de agentes de la Guardia Civil y fuerzas antidisturbios asistian impávidos al suceso, como si estuvieran contemplando un partido de fútbol.

Entre los que acompañaban a Sixto de Borbón, hermano del entonces pretendiente carlista Carlos Hugo, se encontraban reconocidos mercenarios que posteriormente se vieron relacionados en las acciones de los CAL y que incluso fueron condenados por la justicia italiana. Entre ellos Luis Marín García Verde (autor material de la muerte de Aniano Jiménez), José Arturo Márquez de Prado, Carreras Mauriño (los únicos tres procesados),Stefano Delle Chiaie, Elio Massagrande (buscados ambos por cometer atentados en Milán), Emilio Berra, lean Pierre Cherid (de probada pertenencia a los GAL), José María Arrizabalaga Arkotxa (asesinado más tarde por ETA), Hermertegíldo García Lorente, Augusto Cauchi (autor de un atentado en Bolonia que ocasionó 15 muertos), Mauro Tedeschi y Mario Leti (de la organización italiana Ordine Nuovo).

Según el Tribunal Civil y Penal de Milán, Augusto Cauchi y Stefano Delle Chiaie organizaron el grupo Aginter Press, una banda armada que se dedicaba a desestabilizar y a crear desórdenes en distintos países. No en vano trabajaron para la policía de Pinochet en Chile. Por otra parte, el francés Jean Pierre Cherid lo hizo a las órdenes de la policía española integrado en los CAL y murió en 1982 en Francia al explotarle una bomba cuando la colocaba. Además desde el Gobierno Civil de Navarra se reservaron veinte habitaciones en el hotel Irache, se encontró munición en la cima en la que se podia leer "25 cartuchos, Pirotecnia Militar", y la financiación de la acción conió a cargo del presidente del Consejo de Estado, Oriol y Urquijo, quien ingresó diversas cantidades en entidades bancarias de Santander, Logroño, Vitoria, Pamplona y Burgos. Asilo reconoció el recientemente fallecido general Saéz de Santamaría, jefe del Estado Mayor de la dirección general de la Guardia Civil.

El mismo Sáez de Santamaria, el pasado mes de agosto, ante la pregunta de un periodista de El Faro de Vigo sobre la polémica de sus declaraciones acerca de que UCD había bordeado la legalidad en la lucha arotiterrorista, respondia: "En muchos casos. Hubo 48 muertos. El caso de Argala, Cubillo, Montejurra, para qué voy a dar más".

El Ministro del Movimiento en 1976 era Adolfo Suárez, responsable de la Gobernación en ausencia de Fraga, más tarde fundador de UCD y curiosamente hoy es presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo. La Policía Nacional había intervenido duramente contra obreros desarmados el 3 de marzo en Vitoria para reprimir una huelga en general. El balance fue de cinco muertos, 45 heridos de bala y cien por golpes.

Pero ese 9 de mayo, cuando desde la dirección del partido se alertó de lo que podía pasar, cuando dos carlistas fueron detenidos tras subir a la cima y avisar de que había movimientos extraños, cuando se mostraron armas y se dispararon, las fuerzas del orden no actuaron ni detuvieron a nadie de los atacantes que desde días antes habían hecho ostentación de sus pistolas en el hotel Irache, donde permanecieron hospedados.

El pasado 5 de noviembre se puso el punto final a uno de los dos grandes interrogantes de lo que ha sido, quizás la acción terrorista de la Transición que tiene una mayor documentación fotográfica y escrita, cuyos autores fueron retratados con armas en el lugar de los hechos y que sin embargo más se ha tardado en reconocer. No en vano, muchos consideran la denominada operación Reconquista (financiada por el Estado) la primera acción de los GAL.

Más que Amigos

Como refleja el Partido Carlista en el denominado Libro negro de Montejurra, Informe Montejurra '76, el anecdotario de este tragicómico sumario es inmenso. El juez especial citó en Estella a los testigos presenciales de los hechos de la cumbre. Una vez allí, sin darles ninguna clase de explicación se les condujo a la cima. Allí esperaron largas horas a que los procesados, Marín, Vázquez y Carreras almorzasen, bromeasen y departiesen amigablemente con los guardias y funcionarios judiciales. El teniente de los Arcos abrazó efusivamente a García Verde y, entre trago y trago de la bota, se contaron sus cosas. A los testigos se les cacheó concienzudamente y nadie les invitó siquiera a un bocadillo. A los siete meses eran puestos en libertad provisional, en atención, según la nota del juzgado de Orden Público, "a su bondad personal, excelente conducta y hombría de bien". Los abogados que ejercieron la acusación particular en nombre de los familiares de los muertos y heridos en estos sucesos (Juan Francisco Martín de Aguilera, José Angel Pérez Nievas Abascal y José Fermín Arraiza Rodríguez Monte), intentaron, sin conseguirlo, que se consideraran estos asesinatos como delitos políticos (que se juzgaran en Madrid) hasta que se publicó el decreto de Amnistía de 1977, en cuyo momento, de oficio, pasaron a considerarse como delitos políticos.

 
 

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