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MONTEJURRA:
9
de mayo de 1.976: 2 muertos y varios heridos Los hechos se produjeron en el entorno de la tradicional "romería" de los carlistas en Montejurra. La intervención programada de grupos parafascistas convirtió la romería en una masacre. Despertó mi interés por el caso Montejurra la presencia masiva de grupos ultras de todo tipo y procedencia, incluidos algunos de los más conocidos activistas de la Internacional Fascista. Me resultaba increíble que semejante concentración pública se hubiese podido producir sin el conocimiento de las Fuerzas de Seguridad y de los servicios de información de la Presidencia de Gobierno. Conversaciones con personas que estuvieron ese día en Montejurra no hicieron más que confirmar mi criterio de que tras los hechos, aparentemente anárquicos, existía una planificación meditada y cara. Había implicada una excelente logística que incluía transportes, alimentación, alojamientos, armamento, medios técnicos de comunicación y sobre todo, coordinación, una coordinación de aire inconfundiblemente profesional. La imagen del ultra argentino Rodolfo Almirón y de un señor muy serio que identifiqué con relativa dificultad como Arturo Márquez de Prado fueron los primeros detalles que quise investigar. El apellido Márquez de Prado estaba de moda en España. Una fiscal del mismo apellido triunfaba con tesis y actitudes propias de una cultura autoritaria. Establecí la conexión familiar entre ambos... Pero eso no me llevó a ningún sitio, excepto ala constatación de que u tercer miembro de la familia, Fernando Cota y Márquez de Prado, se situaba en los más altos niveles de la Justicia: en la Sala Segunda -de lo Penal- del Tribunal Supremo. No creo que esta circunstancia tuviese nada que ver con la predilección que mostró Mario Conde por ver al magistrado Cota instalado en la presidencia de la Sala. Pude comprobar la posterior ocupación de Rodolfo Almirón -que aparece en varias fotos conocidas de los sucesos- como guardaespaldas de Manuel Fraga. Un error lo comete cualquiera. Pensé. No me gustó el hecho de que en el momento de los sucesos de Montejurra, Fraga fuese ministro de la Gobernación. Se le debe suponer un alto grado de información de lo que allí pasó y de sus protagonistas. Pero fue otro el que capto mi atención: el de un mercenario que a lo largo de diez años (1974-1984) ocupó un puesto clave en los operativos del frente ilegal -conocido como "guerra sucia"- contra ETA: Jean Pierre Cherid. Bajo diferentes siglas, ATE, BVE, AAA, y GAL, dirigió y ejecutó atentados, a menudo mortales, contra terroristas y miembros del entorno radical.
Fue a finales de 1977 cuando conseguí el testimonio definitivo, el del
entonces general de brigada y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil,
José Antonio Sáenz de Santamaría. Tras varias conversaciones -todas
ellas grabadas- el general me explicó, después de consultar sus
archivos, la verdadera historia de la conocida operación Reconquista.
Esta es su versión, de la que me pasó una copia manuscrita, como
protagonista directo de los hechos. Posteriormente a la muerte de Franco, la presión de elementos ultraderechistas apoyados por medios como El Alcázar, y dirigentes del Partido Carlista de la facción de don Sixto de Borbón, conocido por sus posiciones de carácter fascista y opuesto al pretendiente Carlos Hugo, consiguieron la colaboración de servicios de la Seguridad del Estado. Entre los hombres clave de esa decisión estaban José Arturo Márquez de Prado, Antonio María de Oriol y Urquijo, a la sazón presidente del Consejo de Estado (y conocido monárquico Juanista) y el general Campano, entonces director de la Guardia Civil.
Bajo la intención genérica de "reconquistar Montejurra" y
arrebatarla a los que calificaban de rojos-marxistas, consiguieron que
el Gobierno Arias-Fraga tomase en consideración la propuesta de
organizar la operación tendente a dicha "reconquista". La
operación recibió el nombre clave de "operación
Reconquista". Para lograrlo, el Gobierno encargó al SECED la propaganda del acto, concentrando a simpatizantes en la zona de Montejurra -monasterio de Irache- a base de ofrecimientos económicos y de facilitar medios de transporte. Asimismo se repartieron por el servicio citado -el SECED- gran cantidad de bastones y cachabas con objeto, decían, de facilitarles la subida al cerro. Estaba claro que eran para ser empleados en la agresión prevista. La financiación de la operación corría a cargo del señor Oriol y Urquijo, quien depositó en diversas entidades bancarias de Santander, Vitoria, Logroño, Pamplona y Burgos, cantidades destinadas a sufragar los desplazamientos de los simpatizantes.
Por otra parte, organizaciones ultraderechistas como los Guerrilleros de
Cristo Rey La Guardia Civil se encontraba en esas fechas bajo la dirección del teniente general Angel Campano y tenía como subdirector al general de división Salvador Bujanda. Ambos eran miembros del Partido Carlista y mantenían una estrecha relación de amistad con Arturo Márquez de Prado, principal dirigente de dicho partido. (Nota estos señores, conocidos franquistas y ultraderechistas, habían sido expulsados del Partido Carlista hacía ya varios años). Eso hizo que el señor Márquez de Prado estuviese los días precedentes al acto de Montejurra en la Dirección General con frecuencia exagerada y participando incluso en reuniones del director general con su Estado Mayor y mandos implicados en la organización de los actos. El señor Márquez de Prado solicitó para sus militantes, que iban a concentrarse en la cima del monte con anterioridad, que la Guardia Civil les dotase de radio teléfonos y les facilitara armamento pesado: ametralladoras. El jefe del Estado Mayor de la dirección, a la sazón el entonces general de brigada José Antonio Sáenz de Santamaría, se opuso rotundamente a esas peticiones y logró que el director general Campano no accediera a las mismas, limitándose la ayuda al envío de un destacamento uniformado de la Comandancia Móvil de Madrid que se instaló, con anterioridad al domingo 9 de mayo, en la cumbre de Montejurra y en la falda del monte, en las proximidades del monasterio de Irache.
Estas fuerzas fueron las que, en definitiva, consiguieron restablecer la
situación tras los enfrentamientos que tuvieron lugar el citado domingo
9 de mayo y a los que haremos referencia en los siguientes apartados.
(Nota.- En la cima del monte fue asesinado Aniano Giménez Santos por
disparos de una ametralladora pesada. Si allí se encontraba la Guardia
Civil de la Unidad Móvil -que más tarde participaría en el Tejerazo-
¿Quién disparó? La Guardia Incivil protegió y amparo a los asesinos
y en ningún momento intervino para proteger a las víctimas) Cuando los Carlistas partidarios de Carlos Hugo estaban ya en la mañana del día 9, a punto de alcanzar la cima, se encontraron con el grupo de ultraderechistas partidarios de Sixto, el hermano de Carlos Hugo. Estos componentes del bando de Sixto abrieron fuego sobre los que llegaban, produciéndose un tiroteo de armas cortas, pistolas. En el tiroteo resultaron dos muertos y varios heridos.
Uno de los muertos fue Ricardo García Pellejero, que fue alcanzado por
un disparo efectuado por "el hombre de la gabardina", vestido
con una larga gabardina, boina colorada y una pistola en la mano. Fue
posteriormente identificado como Martín García Verde, comandante
retirado del Ejército. Hubo además tres heridos graves y varios leves.
Uno de los heridos graves, Aniano Giménez Santos, falleció cuatro días
más tarde. (Nota.- Ricardo García Pellejero murió a la entrada del
monasterio de Irache y no en la cima de Montejurra, los carlistas
estaban desarmados y, por lo tanto incapaces de repeler la agresión)
-Martín García Verde fue detenido en Huelva por la Guardia Civil. Era
comandante retirado. El primero acusado de la muerte de Ricardo García Pellejero. Los otros dos fueron acusados como dirigentes de la acción violenta del día 9. El dirigente Sixto de Borbón fue expulsado de España por el Gobierno, sin permitirse que el juez le tomara declaración.
A los siete meses de su procesamiento, los tres se acogieron a la amnistía
por considerarse los hechos como " delito político". La
justicia, con carácter general, mostró muy poco interés en el
esclarecimiento de los hechos.
El señor Fraga, no obstante, y de manera más bien tibia, asumió la
responsabilidad, pero minimizando los hechos que calificó como
"una triste pelea entre hermanos".
Así, vemos que formaron parte de la operación:
Todo este entramado operó de alguna forma apoyado, directa o
indirectamente, por los aparatos del Estado en todas sus acciones de
lucha antiterrorista durante los años setenta y ochenta, en lo que vino
a llamarse Grupos Antiterroristas de Liberación y sin que hubiese
solución de continuidad entre los mismos. A efectos prácticos, la operación Reconquista de Montejurra fue el ensayo general de la intervención de órganos de la Seguridad del Estado en actividades ilegales ligadas a la lucha antiterrorista. Lo singular de esta operación radica en que se utilizaron técnicas de "guerra sucia" en una maniobra de claro corte involucionista. Pocas veces más se haría así. Meses después se iniciaban las primeras "conjuras de salón" -o de cafetería- entre oficiales y jefes militares descontentos y sectores ultras de la sociedad civil. Este sería el modelo golpista hasta finales de 1985, año en que se realizó la última intentona de golpe de Estado.
Lo revelador es la presencia de Jean Pierre Cherid y el "esquema
operativo" que siguió, un verdadero anticipo de lo que sería el
frente ilegal -la "guerra sucia"- contra ETA hasta la llegada
de Antonio Ibáñez Freire al Ministerio del Interior y, sobre todo, a
partir de él.
RICARDO
GARCÍA PELLEJERO Y ANIANO JIMÉNEZ SANTOS RECONOCIDOS VÍCTIMAS
DEL TERRORISMO POR LA AUDIENCIA NACIONAL.
Diario
de Noticias 30/11/2003
El
10 de mayo de 1976, un día después de los sucesos de
Montejurra, se inició el proceso para que fueran reconocidos
los asesinados (Ricardo García y Aniano Jiménez, que falleció
el 13 de mayo) y heridos en la falda y la cima de la montaña
cercana a la ciudad del Ega. La niebla que ocultaba todos los
hechos aquel día comienza a despejarse con el reconocimiento de
la Audiencia Nacional de que son víctimas del terrorismo. Un
reconocimiento que llega con un retraso de 27 años.
Mediante esta sentencia, que viene a contradecir
lo que en dos ocasiones negó el Ministerio encabezado por Mayor
Oreja, los familiares de los asesinados aquella fría mañana de
mayo podrán percibir 23 millones de las antiguas pesetas (según
marca la ley 32/1999) y serán reconocidos como víctimas del
terrorismo, cuando desde 1977 no eran sino víctimas de unos desórdenes
públicos, es decir, como una discusión de tráfico o una pelea
en una bar un sábado. La Audiencia Nacional admite además que
los miles de carlistas que el 9 de mayo acudieron como cada año
a celebrar su fiesta anual de reivindicación política de
libertades y contra la dictadura de Franco tuvieron en frente a
una banda armada porque se trataba de una "unión de
personas con una coincidencia de objetivos y con medios para su
obtención, mediante la creación de una situación de conflicto
y violencia que impedía el libre derecho de los ciudadanos a
manifestarse'. Tan sencilla afirmación ha costado al Estado
10.035 días reconocerla, pese a que, como también recoge la
sentencia, se continúa manteniendo que fue "un
enfrentamiento entre los partidos de Sixto de Borbón y los
seguidores de Hugo Carlos de Borbón, tratando unos y otros de
obtener la primacía de los actos religiosos y programados
conforme a ideologías divergentes aunque insertas en el Partido
Carlista del que constituyen dos facciones distintas".
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© PARTIDO CARLISTA DE EUSKAL HERRIA -E.K.A. EUSKAL HERRIKO KARLISTA ALDERDIA |
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