Han pasado veintiocho años, día a día, de aquella fría mañana con niebla y llovizna, en que, no la imprevisión del gobierno, ni la defectuosa actuación de las fuerzas de Orden Público, sino la actuación muy meditada y preparada de altas autoridades del Estado, con órdenes concretas a las fuerzas de Orden Público, desplazadas en número infinitamente superior a otros años, de pasividad, vieran lo que vieran, mientras no recibieran orden de intervenir, que no recibieron, permitió la actuación de unos desalmados constituidos en banda terrorista, que valiéndose de la sorpresa y de la impunidad con la que se les permitió la utilización de toda clase de armas de fuego, previamente facilitadas (incluido el transporte de ida y vuelta, así como la munición), causaran dos asesinatos y varias decenas de heridos, siendo inexplicable, dada su manera de actuar, que no hubieran sido más los muertos y heridos...

Los que vivimos aquello nunca pudimos imaginar que casi medio año después de la muerte de Franco, pudiera suceder, auspiciado por altas instancias, una salvajada como aquella. Y la cobertura total que se les prestó, tanto en la preparación, como en la evacuación.

Cierto que teníamos indicios de que los del Partido Carlista éramos especialmente mal vistos, por decirlo de una manera suave. Y si no, ahí está la negativa o no autorización de un mitin para la tarde del día 9 en la Plaza de Toros de Estella, previamente cedida por el ayuntamiento, por la suprema razón de que por el carácter de quienes lo solicitaban y las personas que iban a intervenir iba a ser un acto político... Frente a eso, el mismo gobernador había autorizado un mitin en el cine Olite de Pamplona, días antes, al autor de El crepúsculo de las ideologías , Gonzalo Fernández de la Mora, destacada figura política e intelectual del franquismo. O no había inconveniente para que en Eibar esos mismos días se celebrara en el frontón Astelehena, un gran acto con intervención de Enrique Múgica, Alfonso Guerra, Nicolás Redondo, Isidoro , luego Felipe González, Rubial, Benegas, etcétera. Por lo visto, esas personas no tenían carácter político.

De nada sirvió que se pusiera en conocimiento del gobernador civil, para que el Vía Crucis, cuando menos, pudiera celebrarse con paz y tranquilidad ya que no había autorizado la celebración del acto político, las amenazas por escritos anónimos y teléfono que muchos carlistas estaban recibiendo para el supuesto de que acudieran a Montejurra. Ni que se lo hiciera saber la cantidad de gente extraña que estaba rondando por los alrededores de Montejurra, haciendo ostentación de armas o recordarle, lo que era público y notorio, las pintadas nocturnas con amenazas al Partido Carlista y más concretamente, al de Euskalherria-EKA y las llamadas a la Reconquista de Montejurra para España que venían realizando El Pensamiento Navarro y su conmilitón madrileño El Alcázar . A todo eso nos respondió que podíamos estar tranquilos, que según instrucciones recibidas todo estaba controlado. Y puedo decirlo, de ciencia propia, pues fui una de las dos personas que se entrevistaron con él. El gobernador era el señor Ruiz de Gordoa, que tras lo acontecido fue premiado con otro Gobierno Civil, más importante que el de Navarra.

La conmoción producida por lo acontecido el 9 de mayo de 1976 a nivel interno e internacional, no inmutó a quienes lo habían facilitado y consentido y quisieron volver a remachar el clavo, no satisfechos con el enorme daño causado: no muchos están dispuestos a soportar riesgos como los de Montejurra 1976, pues si a eso se llegaba, era fácil imaginar en otros órdenes, hasta dónde podían ir. Y volvieron a repetir el golpe, pero de otra manera más de guante blanco. La ocasión se presentó cuando tras la publicación de la Ley de Asociaciones Políticas, solicitan a la par, febrero de 1977, su inclusión en el Registro correspondiente, el Partido Carlista y la Comunión Tradicionalista, grupo al que pertenecían los que habían urdido y actuado el 9 de mayo de 1976, en Montejurra. Éste de inmediato es inscrito y legalizado, mientras que se niega lo mismo al Partido Carlista, alegando el Ministerio de la Gobernación, de quién dependía el hacerlo o no, que pese a estar la documentación en regla, no podía procederse a su inscripción, pues era público y notorio, aun cuando no resultara de ella, que pretendían un cambio de régimen y que eso era un delito recogido en el Código Penal. Lo resolvió el Tribunal Supremo indicando al Ministerio que formulara la pertinente denuncia si existían indicios de delito y que si no, inscribiera. Y lo hizo, pero un mes después de las elecciones de junio de 1977, de la que salieron las Cortes, que después se autoproclamaron constituyentes, y de las que salió la Constitución de 1978.

Cuando recientemente se ilegalizó a Euskal Herritarrok hubo protestas, entre ellas, del Partido Carlista de Euskalherria-EKA, por no considerarla legal: las personas jurídicas no delinquen, lo hacen sus representantes. El año 1977, cuando el Partido Carlista, único de los viejos partidos no legalizado, nadie dijo nada. Todos callaron y más de uno se aprovechó de la situación.

ADOLFO Suárez, en mayo de 1976, secretario general del Movimiento y ministro de la Gobernación en funciones, por ausencia de su titular, señor Fraga, y en 1977 jefe del Gobierno por designación del Rey de entre los tres propuestos y el Rey nombrado por Franco, por entonces sin otro refrendo, se desplazó a París, recién nombrado, para la firma de la Carta de Derechos Humanos, y en protesta por la desfachatez, de reconocer oficialmente, mediante esa firma, la libertad de asociacionismo político, y negar su legalización al Partido Carlista, miembros de éste ocuparon pacíficamente durante un día la Diputación Foral de Navarra, en cuyo balcón se colocó la ikurriña, para que acompañara a la de España y de Navarra que ya ondeaban antes. Y no ha vuelto a colocarse más.

El señor Suárez, presidente del Gobierno, que nada hizo por aclarar lo ocurrido el 9 de mayo de 1976, fue rápido en prohibir el Vía Crucis del Montejurra el año 1977, cortando todos los accesos a Estella. Hubo que improvisarlo en Javier, y hasta allí acudió la Guardia Civil, inactiva el año anterior, que de manera más que enérgica disolvió a los concentrados.

La misma rapidez que mostró el señor Suárez contra el Partido Carlista, para impedir el Montejurra el año 1977, la tuvo con el cabecilla del grupo que mató e hirió en Montejurra, Sixto de Borbón, a los pocos días de la disolución violenta de Javier. Asistió el mencionado a un oficio religioso, en la iglesia de los Jerónimos de Madrid ostentando la presidencia en los mismos, juntamente con don Carlos de Borbón Dos Sicilias, que actuaba en representación del Rey. Al aparecer fotografías en la prensa, y existir una orden de busca y captura contra él, para que declarara en el sumario abierto en el Juzgado por los sucesos de Montejurra, se presentó una denuncia en el Juzgado de Guardia en Madrid. ¿Resultado? Pues que Suárez, presidente del Gobierno, rápidamente hizo lo mismo, que un año antes, secretario general del Movimiento y ministro de Gobernación en funciones, invitarlo amablemente a que en el primer avión que pudiera se marchara para evitar tener que ponerlo a disposición de la Justicia. Cosa que el cabecilla hizo son dudar, ambas veces, sin que nunca prestara declaración ante la autoridad judicial, era peligroso, pues sabía mucho.

La Ley de Amnistía de 1977 dio por cerrados todos los procesos por actos de terrorismo, impidiendo aclarar judicialmente la trama que provocó aquello. Este año, 9 de mayo de 2004, sabemos muchas cosas del general director de la Guardia Civil de entonces, del presidente del Consejo de Estado y de su presencia en Montejurra y contactos permanentes que mantuvieron, procedencia de la munición y armas, etcétera, etcétera. Pero judicialmente, y sólo desde el 5 de noviembre de 2003, por sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional de esa fecha, sólo sabemos que intervino una banda terrorista, a la que se da un nombre, C. Tradicionalista y que las víctimas que causaron tienen derecho al agradecimiento de los pueblos de las Españas, a una indemnización sus familiares y a una gran cruz a título póstumo los asesinados.

Resulta triste saber que el Ministerio del Interior lo sabía de siempre y que haya sido necesario acudir a la vía judicial, porque se negaba a reconocerlo oficialmente. Y más triste, que nunca, ni la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que preside el señor Suárez, hoy duque de Suárez, ni Gesto por la Paz, ni Basta Ya ni ninguna otra asociación de este tipo, han querido incluir en sus listas de víctimas del terrorismo a Ricardo García Pellejero y Aniano Jiménez Santos. Y que incluso la Diputación Foral de Navarra que concedió colectivamente la Medalla de Oro de Navarra a las víctimas de actos terroristas ocurridos en Navarra, en los diplomas que entregó en un acto público a los familiares de los asesinados en Montejurra, al dorso iba adherido un papelito, que no iba en los demás, desvirtuando el valor del reconocimiento a los dos. ¡Hasta ahí fueron capaces de llegar!.